Hacia una nueva "expulsión de los Mendigos"

Pasaron ya 40 inviernos desde la incursión en que la Policía de Tucumán realizó una cacería de mendigos y locos durante tres días, los encerraron en la comisaría 11 y los metieron en un camión que los llevó hasta Catamarca, donde los abandonaron. Fue una historia sin resonancia casi silenciosa, pero simbólica de lo que fue la brutalidad de la dictadura encarnadas en el General Bussi, gobernador de facto de Tucumán y Jefe del Operativo Independencia. El destierro de 25 vagabundos se produjo el 14 de julio de 1977 y fue un crimen sin castigo. Bussi admitió que la expulsión de gente pobre y locos fue “una aberración, aunque no un delito” .Todo no le alcanzó para exhibir las virtudes de su régimen ante el presidente de facto Jorge Rafael Videla, que visitaba entonces la provincia,para "adecentar" la ciudad para inaugurar la autopista norte de San Miguel de Tucumán.

Esta pesadilla no parece haber terminado y a cuatro décadas de estos hechos una nueva versión de la redada parece regresar con un proyecto denominado "proyecto de reorientación de los flujos migratorios internos de la Argentina" contemplará una fuerte campaña de concientización para trasladar al interior del país a aquellos inmigrantes que realizan sus trámites de radicación y para los que ya están viviendo en el Gran Buenos Aires o en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que los argentinos del interior que están en esa misma zona. El miércoles pasado se realizó la primera reunión del proyecto de reorientación de flujos migratorios que coordinó la Dirección Nacional de Migraciones junto con los Ministerios de Desarrollo Social e Industria.

El plan nos retrotrae a la época donde la inmigración limítrofe empezó a ser concebida como amenaza y, bajo el argumento de la ilegalidad, a ser perseguida. Desde la década del ’60, en particular, el Estado argentino ha pretendido regular la inmigración proveniente de países limítrofes mediante medidas restrictivas y represivas, inspiradas en el régimen de control que se instituyó durante las primeras décadas del siglo 20 dirigido a los inmigrantes europeos considerados “indeseables” y luego actualizado en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. La ley Videla, establecida durante la última dictadura militar en 1981, fue la expresión más acabada de una norma migratoria nacional que concibió a la inmigración como una amenaza externa. Y fue precisamente a través de la construcción como “ilegales”, esto es, como sujetos peligrosos, que estos inmigrantes de países limítrofes pasaron a ser representados como amenaza, heredando todo el cuerpo de disposiciones estatales creadas y destinadas al control de la inmigración.

En la misma sintonía recordamos como antecedente lo que podría plantearse que el primer intento de erradicación de villas,donde vivían y viven mayoría de inmigrantes, fue el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE). Este si bien fue creado durante la presidencia de Illia, en ese gobierno no se logra erradicar ninguna villa, en gran medida, gracias a la resistencia de los vecinos. El proyecto fue retomado y modificado por Onganía, cuando se sanciona la ley 17605 que da comienzo a la implementación del PEVE cuyo fin era “la eliminación total de las villas de emergencia…impedir la aparición de nuevas villas o el aumento demográfico de las actuales El plan se proponía el realojamiento de 56.000 familias.

Años más tarde, con la ordenanza 33.625/77, dictada por el entonces intendente de la dictadura Cacciatore, se dio comienzo al plan de erradicación de villas de emergencia que estaría a cargo de la CMV. Este plan fue aún más violento que el de Onganía y hasta su estructura respondía más a una estrategia militar que a una política de vivienda. Constaba de tres etapas: congelamiento, desaliento y erradicación.

Inmune a las críticas que le llegaron desde todas las partes del mundo "contra el odio y la xenofobia", el ex presidente francés, Nicolás Sarkozy, proponía seguir con su política de expulsión de gitanos rumanos. Y anunciaba que el Gobierno propugnará una reforma de la Ley de Inmigración  para que se "facilite el traslado a la frontera de extranjeros en situación irregular.

Muchos años después en Europa a mediados de 2015 UE planteaba que relocalizaría a más inmigrantes, pero detalles nunca estuvieron claros.Tras la oposición a un sistema de cuotas nacionales obligatorias, particularmente en estados de Europa del Este, los gobiernos seguirían discutiendo cómo repartir a los inmigrantes en el bloque aún sin saber cómo hacerlo. Esta acción por supuesto incluyó un lenguaje enérgico sobre la necesidad de un control más férreo de las fronteras externas del bloque.

Ya en las últimas décadas la incorporación de los inmigrantes a los procesos de producción permite contener los aumentos salariales y diferir el cierre de actividades o su relocalización a países con menores costos laborales. En el sector de los servicios, la inmigración, que ha crecido aceleradamente (representa entre el 65% y el 75% del PBI de los países más desarrollados), la demanda de inmigrantes para trabajar en los "servicios en situ" se ha multiplicado, particularmente en la construcción, la salud, la hotelería, el esparcimiento, el transporte, la recolección de residuos y el servicio doméstico. Creemos en una revisión urgente del programa para facilitar el sistema de ingreso en el que se tenga en cuenta el país donde tengan lazos familiares o mejores perspectivas de empleo para mejor así sus perspectivas de integración.

Parte importante del problema en la frontera es la ausencia de una política común del Mercosur, pero también de una política de inmigración integral, que dé respuestas coherentes y comprehensivas a un fenómeno global como es la movilidad de las personas. Por eso, además de las acciones que apuntamos destinadas a dar respuesta inmediata y a replantear el sistema , sería bueno ir más allá, y revisar también la política de inmigración en el Mercosur.

Con el endurecimiento de las condiciones de acceso al territorio argentino , el registro, el trazado de sus movimientos a través de la interconexión y la disminución de las garantías y de las vías de recurso para las personas amenazadas de expulsión, hay un proyecto deliberado de colocar una espada de Damocles encima de cada extranjero, una forma de hacer sentir que en Argentina solo estás tolerado.

El juicio histórico de estas políticas ha sido muy crítico, su examen pormenorizado sugiere que algunas de estas han tenido efecto negativo sobre los flujos migratorios, este es el caso de medidas como esta destinadas a la diversificación del sistema urbano y sobre todo a la ocupación de espacio escasamente poblados y el fortalecimiento de aéreas de alto potencial económico pero alejadas del poder político y las concentraciones urbana.

Por ellos el margen de maniobra es escaso para intervenir en los flujos migratorios así como es escaso el espacio político para hacer este tipo de programas, reconociendo que existen una serie de derechos que deben ser cautelados y que por ende limitan sin duda la aplicación de medidas ya usadas en el pasado.

Sabemos quiénes serian las víctimas de estas políticas y son el inmigrante, el pobre, el desocupado del interior, desesperado por la situación en la que vive en su país de origen, aquel que no tiene una profesión fija y trabaja de cualquier cosa. La política inmigratoria y el discurso oficial argentino indican que ese no es el inmigrante actualmente deseado. Por un lado constituye un sector laboral fácilmente sometido a la sobreexplotación, lo que contribuye a la baja de los salarios, y por el otro es víctima de la segregación social, la marginalidad, la xenofobia, y todo tipo de abusos por parte del Estado y de los empleadores. Ese tipo de inmigración es el que carga con cargas propias, ajenas, o inventadas, para encubrir deficiencias sociales en donde los responsables no son ellos.

La inmigración no es una amenaza, no se puede seleccionar a los inmigrantes bajo un criterio utilitarista. Los derechos adquiridos son permanentes y es nuestro deber trabajar para su defensa.

Bicameral

LA COMISIÓN BICAMERAL DE TRÁMITE LEGISLATIVO COMENZÓ A DEBATIR EL DNU SOBRE MIGRACIÓN

Nota Página 12

Con críticas de los especialistas

Miembros de organismos de derechos humanos, académicos y agrupaciones de migrantes señalaron que el DNU equipara a los migrantes con el delito y que no es la via para la reforma de la ley.

Organizaciones sociales, agrupaciones de migrantes y expertos en políticas migratorias solicitaron a los diputados y senadores que integran la Comisión bicameral de Trámite Legislativo que rechacen el decreto de necesidad y urgencia número 70/2017 con el que el Presidente Mauricio Macri modificó la ley de Migraciones. Criticaron que la reforma asocia a los migrantes con el delito y que fue impuesta sin previo debate parlamentario. Aunque el oficialismo sostuvo que había logrado un dictamen de mayoría, el presidente de la comisión determinó que la discusión se retomará la semana próxima debido a que al momento de firmar había muchos diputados y senadores ausentes. Durante la jornada, los legisladores kirchneristas adelantaron que rechazarán el decreto, mientras que los oficialistas lo defendieron sin concesiones.

  La comisión inauguró su jornada con el debate de dos decretos de necesidad y urgencia: el que modificó la ley nacional de Migraciones y el que reconfiguró el calendario de feriados y días no laborables. No obstante, el día solo alcanzó a darle la voz al director nacional de Migraciones, Horacio García, quien defendió los cambios vía decreto, y a referentes de organizaciones sociales, defensoras de derechos y de migrantes, investigadores y voces autorizadas en la materia que se anotaron para expresarse en desacuerdo con los cambios en el régimen migratorio.

Tras dos horas y media de exposiciones, el oficialismo informó que el DNU había sido avalado por un dictamen de mayoría, con las supuestas firmas de los diputados Nicolás Massot, Pablo Tonelli (Pro); Luis Petri y Martín Hernández (UCR); y los senadores Luis Naidenoff y Silvia Giacoppo (UCR). Sin embargo, al cierre, el presidente de la comisión, Mario Cleri, del FPV, llamó a un cuarto intermedio para continuar las exposiciones y cerrar la votación la semana próxima. Es que ni el oficialismo ni la oposición lograron reunir las nueve firmas necesarias.

García se limitó a calificar a Argentina como el país de Latinoamérica “con mayor grado de hospitalidad” y a justificar el DNU como la solución a un problema: “El sistema no funciona”, sostuvo en relación con la falta de concreción en las expulsiones, y avanzó: “Esto no significa ser xenófobos”. “Queremos ser abiertos con los que vienen a enaltecer al país y restrictivos los que cometieron delitos en su país y tratar expulsivos con quienes los cometen en el país”, concluyó.  

Diego Morales, del CELS, y Mariela Belski, de Amnistía Internacional, cuestionaron la exposición del funcionario y la modificación de la ley vía decreto. “Se está presentando que hay un problema serio de seguridad y la herramienta que se utilizó es un decreto de necesidad y urgencia. Pero no existen las razones de urgencia y necesidad. Presentan datos sacados de contexto”, señaló Morales. “Los migrantes no son el problema, pero eso no se ve en el decreto”, añadió. Belski también se quejó del DNU como “vía” elegida por el Gobierno para incluir modificaciones en la ley, lo que “lastima al sistema institucional y democrático”, mencionó. Para Ana Paula Penchaszadeh, investigadora del Instituto Gino Germani, “es mentira” que las modificaciones del DNU solo apuntan a agilizar las expulsiones de quienes cometan delitos. “Modifica y altera todo el sistema migratorio. No es una modificación parcial”, se quejó.  

La Comisión escuchó también a referentes de organizaciones de migrantes. Lourdes Rivadeneira, de la Red Nacional de Migrantes, se quejó de que Macri no los convocara para dialogar sobre los cambios. “A nosotros que supuestamente somos el problema, ni nos llamó y no nos quiso recibir después” de haber publicado el decreto, acusó. “Quisiéramos preguntarle si es cierto que con este DNU se va a erradicar la delincuencia, a los criminales y narcotráfico. Le decimos que hay connivencia entre la Justicia y las fuerzas policiales y le pedimos que no nos usen más como chivo expiatorio”, culminó. Otra vocera del sector fue Marta Guarreño López, de la Red de Líderes Migrantes, quien pidió a los legisladores “no confiar en las estadísticas de la prensa” que “son muy engañosas”. “Nosotros nacimos en otro país, pero eso no nos convierte en delincuentes”, añadió.

Yo no discrimino

El rescate de la tradición ya centenaria

El rescate de la tradición ya centenaria, el respeto y defensa de la diversidad multicultural y la promoción de los derechos.

En la Argentina, las migraciones internacionales han formado una parte constitutiva de los proyectos políticos del estado, aun cuando fueron utilizados por estos, en contra de los mismos inmigrantes.

En nuestra historia como país, bajo la Ley de Residencia de 1902, la legislación estigmatizó y señalo a la inmigración bajo la idea de distinguir entre el “buen extranjero” y el “extranjero indeseable”.

En este sentido con la propuesta de materia de políticas migratorias de Argentina, en una suerte de aval al el pedido de sectores de la derecha mas reaccionaria y los medios de comunicación, respecto del rechazo a los extranjeros con antecedentes penales y o delitos vinculados al narcotráfico .

Estamos entonces en el umbral de consolidarse con este DNU y aprobarse esta modificación, en camino a certificar medidas que podrían ser motivo de extradición las protestas por mejoras laborales y demandas sociales como la vivienda. Todos podemos ver como se estigmatiza y vincula al inmigrante con la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Esto no sería ni menos o más que reeditar así la Ley de Residencia que a principios del siglo XX expulsaba a los inmigrantes anarquistas y socialistas que organizaban huelgas los dividiria entre inmigrantes deseables e indeseables.

Todas estas medidas son al compás de las últimas medidas del gobierno estadounidense, las mas xenófobas y reaccionarias que se tiene memoria muchos países de la región americana han endurecido sus medidas migratorias como si se tratara de un acto reflejo.

Dentro de las propuestas que circulan en nuestro país, se intentan sacar del archivo del olvido medidas y recetas oscuras y tristes como la denominada ley de fronteras de la dictadura de argentina, la instrumentación de fueros especiales para inmigrantes que faciliten su deportación, el funcionamiento de una policía migratoria, la militarización de los pasos fronterizos, creación de espacios de detención, la profundizacion de las modificación al código penal que ya fue realizada, todo muy bien complementado por discursos oficiales donde el eje de la mirada de sospecha recae sobre en inmigrante, criminalizándolo.

Esto representa un pasaje a las épocas mas oscura de las dictaduras latinoamericanas de Videla en la Argentina y sus pares de Bolvia, Perú, , Chile, Brasil, donde el inmigrante fue objeto de las persecuciones más lacerantes y oprobiosas.

Desde Argentina, la misma dirección de migraciones en aquella época, los migrantes eran objeto bajo sospecha, persecución y en muchos casos deportados por la simple condición. Como si la política migratoria en cuestión tuviese como objetivo primordial estar sobre la vida misma de esas corrientes migratoria en su mayoría proveniente de los países limítrofes. Esta fluyeron con contingentes de paraguayos, bolivianos, peruanos, fue secundada por otra importante de colombianos, brasileños y dominicanos.

Recordemos que a fines del siglo XIX, la necesidad de trabajadores para la expansión económica de la Argentina fundamentó una política abierta hacia la migración extranjera. Pero hacia principios del siglo XX, los obreros extranjeros, que comenzaban a organizarse, ya no aparecían como “honestos hombres de trabajo” sino como sospechosos de atentar contra la seguridad nacional y portadores de ideologías foráneas. La sanción de la Ley de Residencia en 1902 permitió la expulsión de estos extranjeros “indeseables”.

A partir de aquí, la instrumentación de la denominada política de ilegalización de la inmigración, con la quita de derechos, signó las sucesivas legislaciones en esta materia, inclusive durante el peronismo. El mismo Ongania prohibió el trabajo de inmigrantes ilegales y temporarios, mientras que Illia habilitó la expulsión de extranjeros, inclusive los legales, en caso de que afectaran la seguridad nacional o el orden público. La dictadura militar quitó todo derecho civil y social a los inmigrantes ilegales. Con la vuelta de la democracia, se restringió la inmigración y la mayoría de los inmigrantes cayó en la ilegalidad.

Ochenta años después en 1981, en plena dictadura encabezada por Videla, se estableció la Ley General de Migración y Fomento de la Inmigración, que apuntó a garantizar la llegada de aquellas personas “cuyas características culturales permitan su adecuada integración”; además, se prohibió a todo extranjero ilegal desarrollar tareas remuneradas y se les impidió a quienes no tenían documentos acceder a los servicios de salud y educación.

Más tarde en pleno proceso democrático ,en 1984, el gobierno radical estableció una amnistía general que habilitó la radicación definitiva a todos las personas que no tenían documentación. Sin embargo, al poco tiempo, con el argumento de la gravedad de la crisis socio económica, la Dirección Nacional de Migraciones repuso una política restrictiva.

Llegamos a una instancia donde el gobierno de argentina, tergiversa de tal modo la realidad a través de su estrecho vinculo con los medios de comunicación , donde reflejan y equiparan a los inmigrantes como terroristas, delincuentes y narcotraficantes.

Ya durante el año pasado ya se realizo la reforma del Código Procesal Penal en materia de políticas migratorias, con la consiguiente devaluación de los derechos.

El subterfugio llega al extremo de exponer estadísticas oficiales manipuladas. Las restricciones históricas a la inmigración no detuvieron el ingreso de trabajadores al país, en especial de países limítrofes, que a causa de las graves crisis económico sociales de las últimas décadas en esos países que no tuvieron politicas adecuadas de contención social. Pero al estar ilegalizados, estos obreros se vieron obligados a tomar trabajos en condiciones igual de ilegales y esto lo vemos reflejados en la industria, los talleres textiles, el servicio doméstico, la construcción etc.

Así de esta forma estamos en la paradoja que de aprobarse la reforma de la ley migratoria , podemos ir en camini a la quita de mas derechos y estar expuestos a ser expulsados del país por realizar una simple medida de fuerza, bajo la figura de daños o de interrupción de servicios. Con la crisis económica se busca disciplinarlos, y expulsarlos si no aceptan peores condiciones de trabajo y de vida.

El rescate de la tradición ya centenaria, el respeto y defensa de la diversidad multicultural, la promoción de los derechos de nuestros inmigrantes y la búsqueda permanente de espacios de inclusión son parte de nuestro trabajo como sociedad.

Karlen pidió la renuncia del Director de Migraciones, Roberto Garcia

El parlamentario del Mercosur Alejandro Karlen pidió la renuncia del Director de Migraciones de Argentina por xenófobo.

ALEJANDRO KARLEN, PARLAMENTO DEL MERCOSUR - CORRIENTES ARGENTINA·LUNES, 16 DE ENERO DE 2017

A raíz de su postura en aplicar mayores controles en el ingreso de inmigrantes provenientes de países limítrofes y profundizar acuerdos bilaterales que amplíen las restricciones.

Karlen dijo expreso "No puede ejercer el cargo de máxima responsabilidad política migratoria en un país como la Argentina, una persona que en forma sistemática y reiterada hace uso de la xenofobia y pretende armar barreras discriminatorias."

"Si tenemos una perspectiva histórica no olvidemos que “Gobernar es poblar”, como sostenía Juan Bautista Alberdi y que por entonces por la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876 del Presidente Avellaneda fue su gran impulso para la Argentina moderna. Que una disposición dictada por el Triunvirato en 1812, que ofrecia “su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio", hizo recordar Karlen.

“En un contexto internacional de grandes migraciones forzadas por las guerras y la miseria, nosotros desde este lugar del mundo, trabajamos para promover acuerdos de libre circulación como el que presentamos y promovemos el año pasado para el Mercosur."

“Si tenemos una mirada obligada con otros lugares del mundo el Acuerdo de Schengen es uno de los hitos de la integración europea. Permite la supresión de controles fronterizos y la libre circulación de personas y mercancías. Por eso este es una referencia para los que estamos en el ámbito sudamericano trabajando. La libre circulación de personas, bienes y servicios es uno de los logros más preciados de la integración sudamericana, y los costos de su pérdida serían enormes. Nuestro objetivo es levantar todas los controles en las fronteras interiores lo más rápido posible. Para este fin, necesitamos un enfoque sudamericano y de cada uno de los países del Mercosur coordinado de los controles fronterizos temporales en el marco de las normas del bloque en lugar del actual mosaico de decisiones unilaterales, tal cual esta propiciando el Director de Migraciones de Argentina.” advirtió

“En muchas partes del mundo, el racismo, los prejuicios, y la xenofobia crean una tensión extrema y se usan como poderosas armas para generar miedo u odio en tiempos de guerra. Los prejuicios y la xenofobia pueden llevar, incluso, al genocidio, los crímenes contra la humanidad, la limpieza étnica y los crímenes de guerra. Por eso en las antípodas de este discurso el Mercosur tiene como objetivo levantar controles, recuperar la confianza, y remediar las deficiencias graves en nuestra fronteras exteriores, pero de ninguna manera para promover barreras discriminatorias. ”, indicó.

La inmensa mayoría de los argentinos nos oponemos a sacar un rédito político pequeño a partir de la regulación de un fenómeno globalizado, como es la inmigración. La sociedad toda y la institucionalidad debe disponerse para recibir a los inmigrantes, por cierto sobre la base de regulaciones, por eso existe la ley de migraciones, pero no de la discriminación”, dijo Karlen.

En sintonía en estas ultimas semanas en el ámbito político, la UNASUR, esta propiciando una iniciativa que incluiría un pasaporte sudamericano y la abolición de cualquier barrera para el libre tránsito de personas de manera similar a como funciona en el (Mercosur), que permite circular con el documento de identidad de cada país y facilita un permiso de trabajo por dos años.

Esta ciudadanía sudamericana configurando con la decisión de los Presidentes de la región reunidos en Cuzco, Perú, el 8 de diciembre de 2004, y tiene en las Declaraciones de Cuzco y Ayacucho sus documentos fundacionales es la “Declaración de Cochabamba colocando la Piedra Fundamental para una Unión Sudamericana”, adoptado el 9 de Diciembre de 2006.

“Nosotros buscamos que todos los ciudadanos de la región sientan que América del Sur es un solo país y que "cualquier suramericano pueda trabajar en cualquier lugar de América del Sur, indicó".

Estas declaraciones discriminatorias se dan en el marco de una semana en donde la inmigración fue foco de debate. Una vez mas, levantamos la voz del Papa Francisco cuando sostiene que “no se puede de ningún modo reducir la actual crisis dramática a un simple recuento numérico”. Los inmigrantes “son personas con nombres, historias y familias”, y “no podrá haber nunca verdadera paz mientras quede un solo ser humano al que se le vulnere la propia identidad personal y se le reduzca a una mera cifra estadística o a objeto de interés económico, dijo Karlen al recordar las palabras del Santo Padre.

Repudio a las declaraciones xenofobas de Zulma Faiad

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